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México se escribe sin “j” de justicia

Este texto es en agradecimiento al lugar en el que me tocó nacer: un espacio afortunado, lleno de virtudes regionales y riquezas naturales, pero con la desgracia de tener parásitos explotadores en las entrañas. Va por Lesby, Mariela, miles de mujeres desaparecidas y asesinadas, 43 normalistas desaparecidos, Salomón, Marco, Daniel, y muchos más.

Justicia, según la Real Academia Española (RAE), en su primera acepción significa: “principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”. Su segunda acepción, un poco más acertada, considero, dice: “derecho, razón, equidad”. Esta palabra viene del latín iustitia que a su vez viene de ius que significa “derecho”, por lo cual existe la concepción del Derecho concatenada al concepto justicia.

¿Cómo se relaciona el derecho con la justicia? La palabra derecho, para la RAE, en su décimo tercera acepción menciona: “Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva”. Supongamos que un territorio en tanto constructo social requiere ciertas normas o formas de comportamiento que permiten una relación equitativa entre personas de una sociedad. ¿Cuántas sociedades existen? Entendamos el concepto de sociedad como una agrupación pactada que se rige por normas establecidas por los mismos integrantes. Entonces, puede existir una sociedad que comparte las mismas condiciones, clases o intereses.

Quien rige sobre esas sociedades es aquel órgano donde se concentra el poder para decidir el orden y el modelo, es decir, la cultura y la educación. Un país como este llamado República, gobierna (o se debería gobernar: diferencia ser/deber ser) con base en artículos y leyes expuestas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, frente a este código todos somos iguales o al menos eso dice el artículo 4°: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta deberá establecer mecanismos e instituciones suficientes para garantizar la igualdad y promover la equidad de género”. Sin embargo, no sucede así. El Estado de derecho está roto, con grietas profundas en las que algunos partícipes del poder han tejido cuevas de corrupción.

El Estado de Derecho se establece cuando existe un balance entre el crecimiento social demográfico y la iniciativa privada con el crecimiento estatal en tanto que inversión pública, así la toma de decisiones que tendría el poder ejecutivo sería a favor de un crecimiento económico equitativo para todos los componentes de la sociedad. Con las políticas adecuadas se permitiría un desarrollo equilibrado en el que la sociedad, la iniciativa privada y el estado en conjunto crearían un concepto de “progreso” conveniente para todos. No obstante, encontramos al Estado de Derecho en un horizonte inabarcable, lo pensamos tan distinto a la realidad que lo volvemos utópico y anulado. Se puede comprender mejor a partir de una regla con dos ejes: el de Estado y Sociedad:

La gráfica indica que cuando el Estado crece más que la Sociedad se vuelve sobornable. Un claro ejemplo es el Estado totalitario, donde la inversión pública rebasa por mucho la iniciativa privada, así, el Estado decide quién tiene más oportunidades, con quién puede aliarse, poner límites a la riqueza social para seguir creciendo. Si no eres funcionario del Estado, lo más seguro es que no tengas forma de mantener una vida estable. Para equilibrarlo, desde donde se puede contemplar, se inserta en la psique de la sociedad una idea de progreso con la cual aplacan masas, remueven los conceptos dentro de la cultura y homogénea la visión del mundo, mientras más iguales dentro de una caja, más control y soberanía ejercerá el Estado. Quizá les suene familiar, quizá por un momento sus costumbres de consumo son idénticas a las de sus amigos o desconocidos, pues no es más que la programación a la que estamos sometidos.

En contraparte, cuando la sociedad crece de manera exponencial mientras el Estado se estanca, la iniciativa privada toma el control o las riendas del poder, creando un Estado neoliberal en el cual los partícipes del poder adquisitivo toman las decisiones del Poder Legislativo. Así deciden los salarios, la “calidad de vida” (o su concepto), los límites de consumo, los segmentos o clases sociales, lo que es “mejor” para la sociedad, el prestigio de las instituciones, los niveles de educación, la calidad y el objetivo del entretenimiento y medios de comunicación, entre otras tantas cosas, lo que desemboca en  una grave desigualdad entre los privilegiados y el resto de la sociedad. Esto también crea una percepción de la realidad y permite normalizar actos que le sean propicios a este sistema para mantener el orden desde lo oculto. Como ejemplo, encontramos sociedades que viven con el miedo suficiente para portar un arma; de cierta manera la violencia generada incluso en el lenguaje ha propagado una normalización de la intranquilidad que se expresa con la indiferencia y un léxico intoxicado con discursos engañosos que individualizan y separan a la sociedad.

Esta relación de crecimiento disparado concibe una curva de corrupción, en la cual tanto la sociedad como el Estado velan por sus intereses a través de una turbia política: realizan tareas y cometen acciones sin responsabilidad social ni en favor de la comunidad, es decir, cada quien hace y deshace como les conviene y de manera individual sobre los recursos de una nación.

Lo primero a lo que este problema conlleva es la generación de un Estado de excepción. El grupo de poder decide quién o quiénes tienen el control; la élite de poder en la colusión al mando de los recursos y la economía. Asimismo, eligen quién o quiénes son los enemigos. A quienes se les prohibiría ser partícipes activos de la economía, nombrando sus actividades como informales, se les reprimirá y se les llenará de actividades para ocupar su tiempo en todo menos en reflexionar su situación, inundarán de información todos los medios y divulgarán la autoexplotación como un concepto de libertad.

Para estos grupos el territorio es fundamental. Ellos deciden las zonas geográficas para “vivir mejor”, marcarán diferencias visuales y monetarias para distintos puntos de una ciudad. Modificarán a su beneficio las condiciones de un territorio a través de la expropiación y la gentrificación. Decidirán a qué lugares el Estado debe invertir, y crearán pánico en ciertos sitios (nadie quiere vivir en Ecatepec = Ecaterror). Con estos conceptos manipularán los bienes y servicios para cada comunidad e implementarán estrategias que harán de esas comunidades el enemigo (el peor lugar para vivir).

Agregando un actante más a esta relación, tendríamos como resultado un país llamado México, si el tercer participante fuera el crimen organizado. A partir de Calderón, la situación con el narcotráfico empeoró hasta el punto de establecer un Estado de sitio. Territorios donde el ejército se estableció. Como órgano del gobierno, por supuesto es corruptible, y más que defender las comunidades, crea pánico, desorden, vigila y castiga, ejecuta sin protocolos aparentes acciones dirigidas y tiene el fundamento de terminar con los “cabecillas” del crimen organizado (pueden echarle un ojo a una novela llamada No manden flores de Martín Solares, ahí encontrarán en parte una visión que refleja perfectamente esta situación).

Los Estados de sitio vinculan la violencia con la normalidad, se permite en esas comunidades no hacer nada ni levantar la vista ni hacer justicia. Esto deriva a una visión del mundo disparatada, donde los conceptos de bienestar, justicia, asesinato, muerte y desaparición forzada se distorsionaron hasta dejar de tener la importancia que en realidad tienen. Se ha oprimido el lenguaje, ha dejado de existir una identidad propia y se han llevado las esperanzas, la fe, la confianza en el otro, las costumbres, los valores y el nombre apropiado de los acontecimientos.

A todo esto, es claro que existe un desorden social y estatal y que en los próximos años podría empeorar. Así que, cuando se dice que el Estado tiene la culpa de los asesinatos imparables de mujeres, de la desaparición forzada de estudiantes y luchadores sociales (sí, señor Ricardo Alemán), es porque de verdad quien propició dichos incidentes fue el Estado con el órgano público y que tiene el poder de fundar un ambiente de inconformidad e indiferencia (así de oxímoron está el asunto). El Estado con su impunidad nos acerca al individualismo y a la separación de las comunidades y nos lleva a pensar en la existencia de una coordenada llamada “estar en el momento no indicado, en el lugar equivocado”.

Por último, cabe señalar que este texto comenzó con la definición de la palabra justicia porque, considero, deberíamos empoderar el lenguaje, conocerlo y usarlo, dejar a un lado frases vendidas del sistema; por lo tanto no se trata de pensar que si primero cambias tú, todos cambiarán (frase ejemplar y hegemónica del sistema separatista), sino de ver en ello una farsa del discurso voluntarista y chafa de los privilegiados y neoliberales que se preocupan por los Estados (des)Unidos Mexicanos.

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